martes, 11 de marzo de 2008

Un ecocida llamado Romero, ¿para que estan deforestando Salta?

En la edición impresa del nuevo diario critica del 6 de marzo de 2008, publican un informe del plan de deforestación de la provincia, y donde se muestra claramente para que industria se esta deforestando, el articulo lo pueden encontrar en http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=341

Quizás mas fácil que luchar contra esas grandes empresas, sea quitarles el motivo que los lleva a deforestar, si la demanda de carnes y productos animales descendiera, seguramente también la deforestación.


EL EX GOBERNADOR DE SALTA AUTORIZÓ EL DESMONTE DE MEDIO MILLÓN DE HÉCTAREAS

Un ecocida llamado Romero
por Miguel Bonasso

La desertificación amparada por el actual vicepresidente del Senado nacional en el territorio salteño supera a toda la tala realizada en un año en el resto del país. El permiso de Juan Carlos Romero a favor de grandes grupos económicos se produjo durante los meses en que se trataba la Ley de Bosques en el Congreso. La magnitud de la destrucción de bosques nativos alimenta el peligro de “cambio climático”.

En el curso de 2007, su año final como gobernador de Salta, el actual vicepresidente del Senado, Juan Carlos Romero, autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas de bosques nativos.

Si se piensa que el total de lo desmontado en todo el territorio nacional alcanzó en 2006 la ya desbordada suma de 300 mil hectáreas, podemos afirmar –sin retórica– que estamos en presencia de un verdadero ecocidio. Que no sólo afecta a Salta sino al conjunto de la Nación, enfrentada a una verdadera emergencia forestal.

Lo que resulta altamente significativo es que el ex gobernador Romero (PJ-Frente para la Victoria) se apuró a otorgar estos permisos (en general a grandes grupos económicos) en el lapso que medió entre el tratamiento en Diputados de mi proyecto sobre Ley de Bosques (noviembre de 2006) y la sanción definitiva del Senado (noviembre de 2007). La ley, ya promulgada por el Ejecutivo en diciembre de 2007, establece la prohibición de realizar desmontes debosques nativos, en tanto no se lleve a cabo por parte de las provincias un proceso de ordenamiento territorial que establezca cuáles no se pueden desmontar por ningún motivo y cuáles podrían ser parcialmente desmontados previa audiencia pública, donde intervengan representantes de los campesinos y los pueblos originarios que los habitan.

En todos los casos se exigirán, además, estudios de impacto ambiental realizados por instituciones serias y neutrales, como pueden ser las universidades. El plazo de esta moratoria en los desmontes es de un año a partir de la sanción de la ley.

La cifra total de los desmontes autorizados por Romero y su correspondiente desglose, mes por mes, fue oficialmente suministrada a este cronista por la secretaria de Política Ambiental del actual gobierno de Salta, la antropóloga Catalina Buliuvasich, que fue decana de la Facultad de Humanidades de la universidad provincial y una tenaz opositora a la depredación forestal perpetrada durante la gestión del actual vicepresidente del Senado. La presencia de esta funcionaria en el nuevo gobierno del joven Juan Manuel Urtubey podría indicar que el ex diputado salteño –que hizo carrera durante los años de Romero y luego pasó a las tiendas del kirchnerismo– estaría dispuesto a cumplir el compromiso que asumió como candidato ante las organizaciones campesinas y de los pueblos originarios que se reúnen en el Foro Provincial de la Agricultura Familiar.

Pero nada se puede asegurar mientras no haya indicios claros de que se va a respetar, a rajatabla, la ley que el ex gobernador intentó burlar.

De momento proliferan protestas y amparos de quienes podrían ser directamente perjudicados por la maliciosa “previsión” de Romero, que en noviembre de 2007, cuando la ley era finalmente sancionada por el Senado (que la hizo dormir durante un año), otorgó permisos de desmonte por un total de 168.872 hectáreas y en diciembre autorizó que las topadoras derribaran 63.919 hectáreas adicionales de selvas originarias.

Puede que el lector no alcance a imaginar cabalmente lo que esto significa, de qué manera influye para que la Argentina, otrora uno de los países más fértiles de la tierra, sea crecientemente desertificada por el monocultivo (la fiebre de la soja) y contribuya, de manera protagónica, al proceso de “cambio climático”, a la destrucción cada vez más acelerada de nuestro hemisferio y del planeta.

Para medir la magnitud de la catástrofe que nos amenaza, basta recordar que a principios del siglo XX había 150 millones de hectáreas de bosques nativos y que hoy nos quedan, apenas, 31 millones.

El tema, por cierto, no es paisajístico. Además de perder árboles centenarios, se amenaza la biodiversidad (que comprende más de una especie animal en peligro de extinción) y se expulsa de sus tierras, a palos o a balazos (ya lo contaremos en alguna ocasión), a comunidades campesinas que han vivido muchos años explotando racionalmente el ecosistema.

El dato sobre el achicamiento exponencial de nuestras selvas nativas suele citarlo Greenpeace, una de las organizaciones ambientalistas que han luchado con mayor denuedo contra esta depredación de la riqueza forestal.

Según esta ONG, el gobierno de Romero se puso a la cabeza de otras administraciones provinciales deforestadoras, al autorizar desmontes que representaban cinco veces y media más que los permitidos en 2006 y que equivalen a 21 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Greenpeace no exagera, como dicen sus detractores norteños: ellos habían contabilizado permisos por un total de 425.958 hectáreas; las cifras oficiales suministradas a Crítica de la Argentina elevan el guarismo a 478.204 hectáreas, porque incluyen propiedades rurales de 300 hectáreas o menos.

El dato, sin embargo, no debe llamar a confusión: no estamos aquí ante un presunto plan de desarrollo agropecuario, destinado a favorecer a pequeños y medianos productores y generar empleo en el campo salteño, como afirmaron diputados y senadores obedientes a Romero. El desglose de las propiedades donde se desmonta –según Greenpeace– incluye más de un latifundio superior a las 30 mil hectáreas y el promedio general –contabilizando 68 propiedades– es de 6.254 hectáreas. ¿De qué pequeños productores hablaba la senadora Sonia Escudero (un apellido premonitorio) cuando atacaba la Ley de Bosques?

Sin embargo, la valiente actitud de campesinos, pueblos originarios y organizaciones ambientalistas a favor de la Ley de Bosques hizo retroceder a más de un gran propietario.

Es el caso deArcor S.A.I.C.que, el 14 de marzo de 2007, desistió voluntariamente del permiso de desmonte que la cómica Secretaría de Medio Ambiente de Romero le había otorgado para sus fincas Don Tito y Las Maravillas,en el departamento de San Martín. Hablamos de 43.814 hectáreas.

Lo que se diría “un pequeño productor”. No es, en cambio, el caso de El Álamo, una finca de 30.962 hectáreas, que pertenece a los hermanos estadounidenses Paul David y David Kent Gabel, dueños de lafirma Quebracho Colorado que el año pasado compraron 10 mil hectáreas en Tolloche. Los hermanos texanos iniciaron el desmonte el 6 de febrero último, con cuatro poderosas topadoras, que hicieron caso omiso de la protesta presentada por la comunidad indígena El Traslado, a la cual no se le permitió participar en el trámite previo al otorgamiento del permiso, según denunció la organización ambientalista Asociana y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). Las tierras de estos latifundistas extranjeros lindan con el lote fiscal 14, que utiliza la comunidad wichi, perversamente castigada con los desmontes.

Un dato adicional, aportado por el Nuevo Diario de Salta, viene a ratificar todo lo afirmado en esta nota con relación a la mala fe del ex gobernador Romero y sus secuaces: “Dos días antes de que se aprobara la Ley de Bosques, el ex secretario de Medio Ambiente, Gustavo López Asensio, los autorizó a desparejar (un desmonte con rollos que dejaría a salvo los árboles más grandes) 21.407 hectáreas con el fin de habilitar el campo para la ganadería”. Sin embargo, como el mismo diario aclara a continuación, el desmonte “parcial”, que supuestamente preservaría a los árboles ancianos, no lo era tanto. “…

El proyecto abarca toda la finca, porque se prevé que se dejarán cortinas y un área de ‘conservación’ de apenas 1.664 hectáreas”.

El diario concluye informando que Asociana “tras recibir rechazos de parte de las autoridades salientes, presentó un recurso de reconsideración ante el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Humano Julio Nasser, quien todavía no tomó una decisión al respecto”.

A lo mejor toma la decisión al ver las imágenes de las topadoras en esta nota.

Los texanos no están solos en la lista de “pequeños propietarios”: la generosidad de la era romerista incluyó a don Franco Macri, progenitor del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propietario de la estancia El Yuto, a la que –según Greenpeace– se le adjudicaron –entre 1997 y 2001– seis permisos de desmonte por un total de 4.506 hectáreas.

Más ilustrativo aún es el caso de Cresud S.A.C.I.F. y A., una de las empresas agropecuarias más poderosas del país, cuyo principal accionista es el señor Eduardo Elsztain, dueño de la mayoría de los shoppings del país, como Alto Palermo y el Paseo Alcorta, además, por supuesto, del Banco Hipotecario.

Según Cresud, en su finca de Los Pozos (que abarca 248 mil hectáreas) ya cuenta con 32 mil hectáreas desmontadas que serán dedicadas a la ganadería vacuna. Según datos catastrales de la provincia de Salta, la superficie desmontada por la empresa alcanzaría en realidad las 59 mil hectáreas.

Además, entienden lo que es el lobby parlamentario: junto con los ingenios Ledesma y El Tabacal (otros desmontadores importantes) conformaron la Fundación para el Desarrollo Sustentable del NOA (FUNDESNOA).

En abril de este año, mientras el senado de la Nación le suministraba barbitúricos a la Ley de Bosques, girándola a cinco comisiones, el senador salteño Marcelo López Arias presentó un proyecto de ley “De presupuestos mínimos de Protección Ambiental de los Bosques nativos y de los Servicios Ambientales que brindan”, que intentaba sepultar a la Ley de Bosques aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de marzo anterior. El acto fallido contó con el aval oficial de FUNDESNOA.

Probablemente, por una de esas cosas simpáticas que tiene la democracia: los campesinos se movilizaron, los pueblos originarios se movilizaron y las organizaciones ambientalistas, con Greenpeace a la cabeza, lograron un millón y medio de firmas a favor de la ley de Bosques.

Los condenados de la tierra

El portavoz de los wichi sollozaba abrazado a mí, como si yo pudiera –por ser diputado– liberarlo de todas las humillaciones sufridas por él y por su pueblo. Unos minutos antes, durante la conferencia de prensa que habíamos organizado con el diputado Remo Carlotto (PJ-Frente para la Victoria), José Nicanor Molina, a quien no le gusta que lo llamen “cacique”, había protestado contra los desmontes, contra la prepotencia de los señores feudales de Salta, que habían llegado al extremo de arrasar con sus topadoras el cementerio de sus antepasados.

La conferencia se llevó a cabo en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados y no pude menos que relacionar aquel crimen individual, aún impune y malversado por la pseudojusticia bonaerense, con estos otros crímenes colectivos –igualmente impunes– que la Argentina prohíja con siniestra regularidad.

Asistían funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y representantes de pueblos originarios y comunidades campesinas como el MOCASE de Santiago del Estero. Fue el miércoles 21 de noviembre de 2007, mientras el Senado discutía y finalmente aprobaba la Ley de Bosques.

“Antes se llevaban el oro, ahora se llevan el oro verde, la vida misma”, dijo el portavoz de los wichis. Y recordé lo que me solía decir Fernando Benítez, el gran escritor mexicano, autor de Los indios de México: “Mantienen lazos con las cosas vivas que nosotros hemos perdido, una visión cósmica y adánica del Universo”.

Molina lo confirmó, acongojado, al hablar de los árboles, de cada árbol desgajado por las topadoras sojeras, con infinita ternura.

Pero las topadoras no paran. Las de la empresa Quebracho Colorado de los hermanos texanos Gabel destruyen a destajo en El Alamo, afectando directamente a la comunidad wichi de El Traslado.

En la reserva de la biósfera de las Yungas, echan a patadas a los activistas de las ONG que intentan frenar los desmontes.

Las audiencias públicas son una burla. Los estudios de impacto ambiental una farsa. Hay ya asesinatos cometidos por los desmontes y su vínculo perverso con el narcotráfico.

Como bien dijo la niyat de la comunidad wichi-guaraní, Octorina Zamora, reclamando la nulidad de una audiencia amañada por los señores de la tierra: “Ésta es una manera de liquidarnos, antes fue el Winchester, hoy es la soja”.

4 comentarios:

leo dijo...

http://www.proteger.org.ar/doc758.html
SALTA: EL GOBIERNO PARALIZÓ EL DESMONTE
DE 30 MIL HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO
• La autoridad ambiental provincial ordenó la paralización inmediata del desmonte en la finca El Álamo, 30.962 hectáreas cuyo permiso de deforestación fue solicitado por la firma Quebracho Colorado SA, propiedad de Paul y David Gabel.
• Satisfacción de las ONGs y organizaciones que promovieron la Ley de Bosques.
• Octorina Zamora, de la comunidad indígena wichi que vive en el área al reclamar la nulidad del permiso poco antes de la noticia de hoy, dijo que “antes fue el Winchester, hoy es la soja”.
Los bosques nativos se reducen a cenizas antes de plantar soja. Foto: H.Giardini.
Los bosques nativos se reducen a cenizas antes de plantar soja. Foto: H.Giardini.
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Salta, 28 marzo 2008.- La Secretaría de Política Ambiental ordenó ayer la "clausura preventiva y paralización inmediata” de toda actividad de desmonte sobre la finca “El Alamo", 30.962 hectáreas ubicadas en el departamento Rivadavia cuyo permiso de deforestación fue solicitado por la firma Quebracho Colorado SA, de propiedad de los hermanos estadounidenses Paul y David Gabel -consigna hoy el Nuevo Diario de esta ciudad.

La Secretaría informó que la medida se originó en la denuncia del cacique de la Comunidad Wichi El Traslado, Roberto Sánchez, quien el 12 de febrero envió una nota al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, para "poner en su conocimiento la grave situación que está afectando la vida" de esa comunidad y sus derechos a la tierra que habita desde siempre, debido al inicio del desmonte, en los primeros días de febrero.

El cacique también recordó que existe un reclamo territorial, presentado por su comunidad en 2006 en el Juzgado Federal de Orán, que todavía no está resuelto.

La Secretaría indicó que tras esta denuncia se hizo una inspección y se apreció "una posible afectación al amiente". Asimismo, se determinó que efectivamente en las cercanías de la finca están las comunidades indígenas El Traslado y Zopota, cuyos miembros "se encuentran en crítica situación de supervivencia" dado al aislamiento físico por las condiciones climáticas, los alambrados perimetrales de la finca y los conflictos con los criollos, señaló el informe de la inspección.

"Ante la presunción de que los inmuebles de El Álamo constituyen un área de obtención de los recursos naturales necesarios para la subsistencia de las comunidades", la Secretaría "dispuso sustanciar un sumario contra los responsables de esos desmontes, disponer la suspensión preventiva de las actividades de desmonte, y notificar a la firma con el fin de que efectúe el descargo correspondiente y la apertura a prueba del sumario iniciado", informó la Secretaría.

Explicó que aplicó el principio precautorio, que prevé que cuando una actividad o proyecto de desarrollo "puedan producir un daño irreversible al medio ambiente, se deben tomar las medidas para detenerlo; aún cuando no haya pruebas científicas que demuestren concluyentemente que exista una relación directa entre aquella sustancia, actividad o proyecto y el daño al medio".

“Antes el Winchester, hoy la soja”

Por su parte según la página digital de Crítica: “Lo que se diría “un pequeño productor” no es el caso de El Álamo, una finca de 30.962 hectáreas, que pertenece a los hermanos estadounidenses Paul David y David Kent Gabel, dueños de la firma Quebracho Colorado, que el año pasado compraron 10 mil hectáreas en Tolloche. Los hermanos texanos iniciaron el desmonte el 6 de febrero último, con cuatro poderosas topadoras, que hicieron caso omiso de la protesta presentada por la comunidad indígena El Traslado, a la cual no se le permitió participar en el trámite previo al otorgamiento del permiso, según denunció la organización ambientalista Asociana y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS)”.

La comunidad wichi ha sido “perversamente castigada con los desmontes”. Otro vocero de las comunidades indígenas wichi, José Nicanor Molina, a quien no le gusta que lo llamen “cacique”, había protestado contra los desmontes y el accionar de las topadoras que habían llegado al extremo de arrasar el cementerio de sus antepasados. “Como bien dijo la niyat de la comunidad wichi, Octorina Zamora, reclamando la nulidad de una audiencia amañada: “Ésta es una manera de liquidarnos, antes fue el Winchester, hoy es la soja” -consigna la nota publicada en Crítica digital.

“Una gran noticia”

Entretanto Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina señaló a Prensa/Proteger, apenas conocida la suspensión del desmonte por orden del nuevo gobierno provincial, que “esta es una gran noticia”, expresando el sentimiento compartido de las ONGs de todo el país que promovieron la promulgación de la Ley de Bosques –que se encuentra ahora en trámite de reglamentación pero que dispone una moratoria y el ordenamiento ambiental.

“El gobierno de Salta paró el desmonte de una finca de más de 30 mil hectáreas, lo que equivale a una vez y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Los propietarios estadounidenses habían conseguido del gobierno anterior un permiso para desmontar dos días antes de la aprobación de la Ley de Bosques, con lo que pretendían eludir la moratoria a los desmontes”, indicó Giardini.

“El desmonte que estaban ejecutando afecta a comunidades indígenas wichi. Luego de que el Nuevo Diario de Salta y el diario Crítica publicaron notas sobre este terrible caso, y luego de que un cacique de la comunidad wichi presentó la denuncia, se llevó a cabo la suspensión”, celebró Giardini.

Fuentes: Nuevo Diario, Salta; Crítica Digital; Greenpeace Argentina; Prensa/Proteger.

Anónimo dijo...
Este blog ha sido eliminado por un administrador de blog.
leo dijo...

Le pido a la gente que haga denuncias, que no lo haga en forma anónima ya que ello le resta credibilidad.

Respecto de esta denuncia concreta, le pido al denunciante que aporte mas datos o dé alguna referencia, de lo contrario, me reservo el derecho de suprimir dicho comentario, para preservar la credibilidad del resto de las denuncias.

Si tiene miedo o algo parecido, me puede escribir a leo.vegetariano@gmail.com con mas información.

Gracias

leo dijo...

Con la soja al cuello

Miguel Bonasso
01.06.2008

http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=5460

En su campaña electoral, el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se comprometió ante representantes de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y diversos grupos ambientalistas a revertir la política de bosques arrasados y negocios sojeros que llevó adelante su antecesor, el actual vicepresidente del Senado, Juan Carlos Romero. Noticias llegadas de Salta en estos días parecen indicar que el joven gobernador no estaría dispuesto a honrar sus promesas.

El dato más preocupante es la separación del gobierno provincial de la secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, que en pocos meses de gestión se caracterizó por su celo en denunciar desmontes ilegales y llevar adelante el proceso de ordenamiento territorial que prevé la Ley de Bosques (26.331).

El martes último, las comunidades de wichis y criollos afectados por los desmontes y las organizaciones ambientalistas que los apoyan reaccionaron con preocupación, al enterarse que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Julio Nasser, le había pedido la renuncia a la funcionaria, disfrazando su cesantía con una oferta para trabajar “en la cesión de las tierras de los lotes 55 y 14”. La funcionaria no aceptó ese despido camuflado y retornó a la cátedra universitaria.

Referentes de las comunidades y ONG se reunieron el miércoles con el ministro Nasser para plantearle su preocupación pero, según informó el representante de Greenpeace, Hernán Giardini, las explicaciones del funcionario “no fueron convincentes”.

El autor de esta nota también intentó comunicarse telefónicamente con el gobernador Urtubey, sin conseguirlo, no obstante la reiteración de los mensajes dejados en su secretaría privada.

Según el ministro Nasser, Catalina Buliubasich fue alejada “porque no estaba capacitada para algunas de las acciones que se debían llevar adelante en la secretaría”. Según otras fuentes, la ex secretaria de Política Ambiental fue separada por cumplir su deber y afectar poderosos intereses económicos.

Desde el comienzo de su gestión, la antropóloga Buliubasich, que fue decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta, se dedicó a organizar la implementación de la ley de Bosques y se atrevió a revisar las autorizaciones de desmontes otorgadas a todo vapor durante el año pasado, para anticiparse a la legislación que frena las topadoras. En 18 casos descubrió graves irregularidades, como la autorización para desmontar sin audiencias públicas ni consultas a las comunidades campesinas e indígenas. En tres casos dispuso la paralización de desmontes que violaban la ley.

Su mayor pecado, sin duda, fue disponer la suspensión preventiva de un desmonte de 30 mil hectáreas en la finca El Álamo, de la empresa Quebracho Colorado SA, que pertenece a los empresarios texanos Paul David Gabel y David Kent Gabel. Los Gabel le habían comprado a Romero 10.800 hectáreas de tierras fiscales en Tolloche y fueron multados por el Ministerio de Medio Ambiente, debido al desmonte ilegal de 10 mil hectáreas en una finca privada aledaña a Tolloche.

El desmonte de El Álamo fue autorizado –casualmente- un día antes de que se sancionara la Ley de Bosques. En ese momento, el apoderado de los texanos era el abogado Sergio Federico Usandivaras, amigo del gobernador Urtubey y actual jefe del Programa Jurídico del gobierno de Salta. Durante la transición entre el gobierno de Romero y el de su (¿adversario?) Juan Manuel Urtubey, el doctor Usandivaras cumplió funciones en la secretaría de Política Ambiental y, según algunas fuentes, andaba “pateando puertas” para que se aprobara el desmonte de El Álamo, cuestionado por tres comunidades wichis. Respecto de las cuales el apoderado de la firma estadounidense manifestó con gran sentido humanista: “Los wichi nunca tuvieron la capacidad para hacer valer sus derechos” (Clarín, 3 de julio de 2007).

El ubicuo letrado también es apoderado de Initium Nafero S.A., una de las afortunadas empresas que compró lotes de la reserva provincial de Pizarro para desmontarlos. En 2004, el entonces gobernador Romero, con el apoyo de la legislatura provincial, privatizó 25 mil hectáreas de un área protegida de la selva de Yungas, cerca de la localidad de Pizarro, en el departamento de Anta, para entregarlas a terratenientes sojeros.

El 18 de agosto de 2004, la Cámara de Diputados de la Nación votó un proyecto de resolución de mi autoría por el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo que dispusiera “la preservación del área natural del Chaco Salteño, ubicada en el Departamento de Anta, provincia de Salta”. El 2 de mayo de 2005, ofrecimos una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Parques Nacionales, Héctor Espina, donde éste se comprometió a adquirir parcelas de la reserva en peligro para incorporarlas a la Nación.

El 14 de octubre de ese mismo año, Espina logró firmar un convenio con el gobierno de Salta para crear un área de reserva en los departamentos de Anta y Orán. Este acuerdo permitió preservar 4.200 hectáreas y ceder 800 a la comunidad wichi Eben Ezer.

Pero no todo son rosas. En la actualidad, la provincia de Salta le está planteando a Parques Nacionales establecer una suerte de interjurisdicción en el área reservada, lo que preocupa mucho a las comunidades locales, a los ambientalistas y a varios funcionarios de Parques Nacionales. Razones no les faltan: informaciones que nos hicieron llegar desde la reserva denuncian que las empresas Initium Nafero S.A. y Everest S.A., que desmontan alegremente seis mil hectáreas contiguas a la reserva, no están cumpliendo uno de los términos del convenio entre Parques Nacionales y la provincia de Salta que establece la necesidad de dejar sin desmontar entre 80 y 100 metros antes de la cortina de árboles que los separa del área protegida.

Pero no es la única irregularidad perpetrada por la empresa de la que es apoderado el actual jefe jurídico del gobierno provincial: campesinos de la zona hicieron llegar al autor de esta nota una denuncia inquietante: los aviones sojeros están fumigando los campos con glifosato, directamente sobre las cabezas de funcionarios y campesinos, como lo prueban con fotografías tomadas por ellos mismos.

Una de las fuentes, fue muy gráfica, al comentar ésta y otras barbaridades, como cortarle los neumáticos de la camioneta al encargado local de Parques Nacionales: “Estamos con la soja al cuello”.